No existe una cifra exacta, ni un padrón preciso que los identifique. Se habla de entre 25 mil y 30 mil menores. Son los hijos del Estado, los niños que por abandono o víctimas de la violencia intrafamiliar terminan bajo la tutela de la autoridad. En el argot de las centros de asistencia se les conoce como “los institucionalizados”. No tienen familia. Muchos no saben de dónde vienen o cuándo llegaron ahí.
Visto desde afuera, el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) de Azcapotzalco, pasa desapercibido. Su fachada es amarilla clara y no hay letrero que revele que en ese sitio se “les cose el alma” —como las autoridades del DF suelen definir su labor— a niños víctimas de maltratos.
Ese centro suele ser la primera parada para los menores que la Procuraduría capitalina arranca a padres violentos. Como máximo permanecen 6 meses, antes de ser canalizados a otra institución o de vuelta a la familia que los expulsó, según lo dicte un juez.
“Tenemos un niño (que llegó) por violencia muy fuerte: lo mojaban, lo electrocutaban y llegó aquí sin poder hablar, comía con las manos y era agresivo”, relata Livia Hernández, encargada del CAIS Azcapozalco, conforme muestra el par de habitaciones y estancias que componen el recinto.
Los muros están tapizados de cartulinas en las que se lee “amor”, “respeto”, “compartir”. Palabras, en su mayoría, ajenas a la realidad de los 23 niños hoy en día internados ahí. Entre ellos se encuentra un quinteto de hermanos cuya madre se recupera en otro centro, ella también víctima de la violencia.
“Mi papá nos pegaba”
“Estábamos viviendo violencia intrafamiliar con mi papá; mi papá nos pegaba” cuenta sin emoción, Nacho, el mayor de los hermanos. “¡A él le ponía tabiques en la mano!” interviene su hermana.
Ambos menores, de 6 y 8 años, cuentan que los golpes eran a diario. A ella sólo le “tocaban cinturonazos”.
Dicen que están mejor en el centro pero “extrañan a su mamá”. Que ahí sí acuden a la escuela, porque antes faltaban: “nos enfermábamos, andábamos descalzos, nos bañábamos con agua fría”.
“Si los padres pierden la patria potestad, si ya no son aptos, el paso siguiente es la institucionalización”, explica Livia Hernández e insiste que ninguno de los niños que llegan son candidatos a adopción, “por que no hay una familia alterna” y los juicios pueden llevarse años.
“Me di cuenta (del abandono), en cuanto terminé la secundaria”, inicia el relato Carlos Portugués, un chico de 20 años que creció en un albergue conocido como el Guadalupano.
Intenta en vano contener el llanto y conforme escurren las lágrimas, a cuenta gotas, salen las palabras: “Todo mi salón y yo estábamos en el gimnasio y a todos les dieron reconocimiento y todos abrazaban a su familia y yo volteé a mi alrededor y no había alguien a quien yo podría demostrar que yo había terminado mi secundaria”.
“Eso te hace más fuerte, porque dices yo puedo, yo lo logré”, agrega.
Su cama está bien tendida y sobre de ella está su mochila. Es de los pocos en el centro de la colonia Coruña que comparte cuarto con solo un compañero.
Carlos acude a una preparatoria privada que paga el Guadalupano. Ha resistido el rechazo familiar, el abandono a los 6 años y también el estigma social.
“Te dicen naco, te dicen pobre, te discriminan mucho y ellos (los compañeros de la escuela) tan solo de que sus papás los van a dejar pues ya se creen mucho” acusa. A pesar de ello quiere continuar sus estudios, trabaja los fines de semana, canta, toca la guitarra y, sobre todo, tiene ganas de trascender.
De la violencia a la institución
Un rasgo que comparte un gran número de los ‘institucionalizados’ es que van de un centro a otro a lo largo de su vida.
En los centros de asistencia del DF y estado de México viven poco más de 400 menores, pero un número similar o mayor están en casas de asistencia privada. Y así como no hay un padrón detallado de los niños que tutela el Estado, tampoco las autoridades capitalinas o mexiquenses saben cuántas casas hogar y albergues para menores existen.
Tanto la directora del DIF del estado de México como el encargado del Instituto de Asistencia e Integración Social del DF lo reconocieron.
Samanta, una joven de 16 años, tiene el récord de haber vivido en el mayor número de instituciones del centro de la Coruña en el DF.
Ha pasado por al menos 12 centros desde que su padre la puso en la calle tras la muerte de su madre.
Tenía seis años y aún recuerda cómo la recogió una tía y como, un mes después, la echó por “arrimada”.
Su situación jurídica nunca se resolvió —tías, abuelos y el papá lucharon por mantener la patria potestad, aunque ninguno le ofreció un hogar— por lo que no fue candidata a la adopción.
Su vida ha sido un ir y venir entre instituciones, la calle y familiares. Cuenta que de algunos centros huyó, pero que otros la remitían hacia otras instituciones “porque no tenía el perfil”. Si sufrió de niña, ahora ya le da igual. Ni los golpes le dolían, dice, “de tantos que eran”.
“Samantha es uno de los casos difíciles por que vive en un estado depresivo y por que ha estado en muchas instituciones y en ninguna ha consolidado un proceso” señala Juan José Hernández, director del albergue.
“Un tiempo estaba sentida con la vida; decía que no valía la pena vivir, que no valía la pena luchar, siempre tener que volver a empezar”, cuenta ella.
—¿Ahora vale la pena vivir?
—“Ni tanto, no, ni tanto pero digamos hay que hacerlo aunque para mí no vale la pena seguir así”.
¿Predestinados?
Numerosos estudios subrayan que el niño institucionalizado tiende a la agresión. Que la violencia genera violencia, enfatizan. “Agrede el joven para llamar la atención. Necesita que lo identifiquen, que haya alguien que esté cerca de él y regresa a otra institución que es la cárcel”, resume Marilú Vilchis, fundadora de VIFAC (Vida y Familia) y una de las voces más respetadas entre las instituciones de asistencia privada.
Habla de la importancia de adoptar a mayores de cuatro años para romper con el destino fatal de los sin hogar.
Predestinados o no, algunos de los jóvenes de Coruña ya han pisado el tutelar de menores. Está Mauricio, que nunca se despidió de su madre. Lo dejó en un albergue y no regresó.
“Ya voy a vivir con mi mamá, ya voy a estar feliz, pero pasaron 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y pues decía todavía no va a tardar, ya son 9 años”, confiesa.
Las drogas, relata, pudieron más que el instinto materno que lo abandonó y por ello desde que tenía 7 años ha vivido en institución.
A los 11 años empezó a drogarse.
“Son jóvenes que se rebelan a las estructuras familiares y desafortunadamente se vinculan con grupos que los inducen a las drogas y también salen a la calle. Ese es el panorama de nuestros chicos”, lamenta el director de Coruña.
La depresión, las drogas, la deserción escolar, un futuro en la delincuencia:
“Estuve en la correccional pero bueno, fue una equivocación”, confiesa Mauricio. Sin embargo, asegura que eso ya pasó. Que ha dejado las drogas porque espera tener un futuro promisorio como jugador de fútbol.
Hoy que se publica esta historia, por desgracia, Mauricio recayó en las drogas, ya abandonó la institución y se encuentra de nuevo en las calles.
Fuente: CAROLINA ROCHA MENOCAL EL UNIVERSAL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2009
Y yo me pregunto, por qué no podemos ser como estos animalitos?
